El sistema electoral mexicano –además de la robustez normativa y profesionalización del funcionariado– destaca por su modelo de coordinación entre los niveles federal y estatal. Vigente desde 2014, la división de responsabilidades de uno y otro instituto permite que el Sistema Nacional Electoral sea más eficiente, eliminando las duplicidades de trabajos en la administración electoral.
Este modelo ha funcionado por más de una década, y recientemente se fortaleció con un acuerdo aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). A través de éste, el INE ejerció su facultad de atracción para establecer fechas homologadas para la conclusión de los periodos de precampañas y de obtención de apoyo ciudadano de las personas aspirantes a candidaturas independientes en los próximos procesos electorales concurrentes de 2026-2027.
Conviene recordar que la facultad de atracción es un mecanismo excepcional previsto en la normatividad. No supone que el INE sustituya las atribuciones de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE): no suple las atribuciones que tenemos en el IEEM ni establece una relación jerárquica entre la autoridad nacional y las locales. Su propósito es, por el contrario, coordinar asuntos específicos para preservar la certeza e integridad de los procesos.
El objeto de la atracción fue preciso. El INE no modificó integralmente los calendarios locales ni asumió la organización de sus comicios. Lo que hizo fue homologar las fechas de conclusión de dos etapas específicas: precampañas y captación del apoyo de la ciudadanía. A partir de esas fechas comunes, cada organismo electoral deberá ajustar su calendario, respetando su legislación local y la duración prevista para cada etapa. Para el Estado de México, como resaltaba hace unos meses en esta misma columna, la legislatura local modificó el inicio del proceso electoral de la entidad. Anteriormente, la organización comicial arrancaba en enero del año de la elección, ahora lo haremos en septiembre del año previo. Esto permitirá mejor coordinación con nuestro homólogo nacional.
Pero más allá de ser un ajuste administrativo, la decisión refleja la necesidad de coordinar un proceso electoral que, por su dimensión, será uno de los más complejos.
En 2027 concurrirán el proceso electoral federal y los treinta y dos procesos electorales locales. En conjunto, se renovarán aproximadamente 20 mil 109 cargos de elección popular. Solamente en el Estado de México estarán en la contienda 75 diputaciones locales y –entre presidencias municipales, sindicaturas y regidurías– 1,216 cargos municipales. Así, la magnitud del ciclo electoral exige una coordinación que permita administrar tiempos, recursos y capacidades institucionales.
Por ello, el INE agrupó a las entidades federativas en bloques. El Estado de México quedó integrado en el Bloque 3, tanto para la conclusión del periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía como para el cierre de las precampañas. En ambos casos, la fecha homologada será el 12 de febrero de 2027. Esta organización permitirá que la verificación de los apoyos, los procesos de fiscalización y la presentación de dictámenes puedan desarrollarse de manera ordenada antes del inicio de las campañas.
La importancia de estas definiciones pasa desapercibida, pero los calendarios son una pieza central de la organización electoral. Cada fecha determina el inicio de una cadena de actividades que involucra a múltiples áreas técnicas y administrativas. La coordinación entre ambos niveles institucionales fortalece la capacidad operativa de las autoridades electorales. Buena parte del éxito del día de la Jornada Electoral comienza, precisamente, con un calendario correctamente diseñado.
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