Derechos político-electorales de las personas adultas mayores
Escrito por Unidad Coordinadora de Género
La participación política de las personas adultas mayores es fundamental en la construcción de una democracia incluyente, ya que su experiencia, conocimientos y perspectivas enriquecen la vida pública y los procesos de toma de decisiones. El ejercicio de sus derechos político-electorales comprende desde el derecho a votar, ser electas o electos, participar en asuntos públicos a través de liderazgos y formar parte de asociaciones u organizaciones que contemplen la participación ciudadana en condiciones de igualdad y no discriminación.
Garantizar el ejercicio pleno y libre de discriminación de estos derechos implica reconocer los retos estructurales que las personas adultas mayores aún enfrentan y limitan su participación tales como las barreras de accesibilidad, movilidad, la brecha digital y los estereotipos asociados a las tareas de cuidado.
¿Quiénes son personas adultas mayores?
De acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, este sector de la población es aquel que cuenta con sesenta años de edad o más y se encuentran domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional (Artículo 3, fracción I). Esta ley tiene el objetivo, entre otros, de garantizar la igualdad de condiciones, el desarrollo de espacios libres de discriminación, la integración y la dignidad de este grupo poblacional.
Asimismo, según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOE), para el segundo trimestre del año 2022, de manera oficial se registraron 17.9 millones de personas adultas mayores en México, lo que representó el 14% de la población total del país.
Una participación que destaca
Pese a los diversos retos y desafíos, las personas adultas mayores encabezan los niveles de participación en el país. El Instituto Nacional Electoral, reveló en el Estudio Muestral de la Participación Ciudadana del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, que el electorado que se ubica entre los 60 a los 79 años, superó el 70% de asistencia en las urnas. Lo que, a su vez, representa que las personas de 65 a 69 años tuvieron el 76.6% de participación electoral, mientras que de 70 a 74 años registraron un porcentaje de 75.5%.
Estos datos muestran que la edad no representa, por sí misma, una falta de interés en la vida política. Por el contrario, las personas adultas mayores participan activamente en los procesos electorales, por lo que resulta fundamental garantizar que cuenten con condiciones accesibles y libres de discriminación para continuar ejerciendo sus derechos político-electorales.
¿Qué medidas favorecen su participación político-electoral?
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015), reconoce el derecho de este grupo poblacional a la participación en la vida política y pública en igualdad de condiciones y no ser discriminadas o discriminados por motivos de edad.
Entre estas medidas se encuentran: garantizar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean accesibles y fáciles de entender y utilizar, proteger el derecho de la persona mayor a emitir su voto en secreto en elecciones y refrendos públicos, garantizar la libertad de expresión de su voluntad y, cuando sea necesario, permitir que una persona de su elección le preste asistencia para votar, siempre con su consentimiento, así como crear y fortalecer mecanismos de participación ciudadana que favorezcan su intervención en los procesos de toma de decisiones.
Cuestionar las tareas de cuidados
Las tareas de cuidado pueden influir en la participación política de las personas adultas mayores, ya sea porque los requieren o desempeñan un papel importante en el cuidado de otras personas. Cuando estas responsabilidades se desarrollan sin redes de apoyo suficientes, pueden limitar su tiempo, movilidad y participación en el ámbito público. Por ello, es necesario impulsar sistemas que favorezcan su autonomía y generen condiciones para el ejercicio de sus derechos político-electorales en igualdad.
La edad no debe ser una barrera para participar: una democracia incluyente reconoce la experiencia, escucha las voces y garantiza los derechos de las personas adultas mayores en la vida pública.
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