Comunicación
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Hace pocos meses, en el marco de las audiencias públicas para la reforma electoral organizadas por la Secretaría de Gobernación, se dio un interesante debate poco conocido y difundido fuera del ámbito electoral, sobre el papel de los órganos electorales en el diseño del modelo institucional para la renovación de los poderes públicos en México, particularmente del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales (OPL’s).

El debate giró en torno a dos grandes visiones: la centralista que proponía que desaparecieran los organismos electorales en los estados y que el INE asumiera todas sus funciones; la otra visión, la descentralizada sostuvimos que no sólo era necesaria la permanencia de los OPL´s, sino que era esencial la revisión de la reforma del 2014 para regresarles facultades que se les habían quitado: la fiscalización, entre muchas otras.

A meses de dicho debate y a la luz de la experiencia en la organización de procesos electorales mi visión y convicción la mantengo; considero que varios institutos electorales de los estados cuentan con la suficiente capacidad para asumir esta responsabilidad, entre ellos el Instituto Electoral del Estado de México, porque nuestra institución tiene como principal activo la permanente capacitación y actualización de los servidores electorales que lo integran, con la visión de estar a la altura de lo que demanda la sociedad mexiquense y las fuerzas políticas que compiten en la entidad.

Hay componentes de nuestro sistema electoral que han ayudado a fortalecer la democracia en nuestro país, pero con el paso de los años, los cambios tecnológicos, poblacionales, económicos, culturales, empiezan a agotarse y dejan de ser útiles para los fines creados: las instituciones de grandes dimensiones, concentradoras, masivas, multifuncionales, poco dinámicas, pueden convertirse en obstáculos en la toma de decisiones político electorales, en el ámbito electoral la información certera y oportuna forma parte de la credibilidad institucional al organizar una elección.

Un tema sensible que en este momento afecta a todas las instituciones electorales son los llamados actos anticipados de campaña, los cuales sin duda deben ser atendidos por los órganos electorales con la hechura de una reglamentación precisa sobre el particular; pero corresponde primordialmente al Poder Legislativo a nivel nacional y estatal la emisión de una disposición legal clara, contundente, específica, al respecto.

El principio de equidad que debe prevalecer en toda contienda se pone en tela de juicio con esta situación de actos anticipados de campaña, a la que se suma un elemento importante que es el de la fiscalización en la que los OPL´s no tienen facultades; nuevamente se hace necesaria la reflexión de concentrar y distribuir, o delegar responsabilidades, funciones y atribuciones con la finalidad de atender oportunamente y de fondo dichos actos.

Pero hay un tercer elemento que debe considerarse, es un componente de esta circunstancia y debe formar parte de la resolución pacífica de este conflicto, y son, los actores políticos. No obstante que hasta este momento no se ha hecho un llamado explícito a “votar” en favor de algún partido, persona o candidatura, la subjetividad está presente; los mensajes, acciones y promoción de las instituciones políticas deben ceñirse con apego y respeto a la ley sin pretensiones de esquivarla. Las actividades alejadas de la norma contribuyen a generar desequilibrios, desencuentros y enfrentamientos durante un proceso electoral.

Las instituciones electorales y quienes en ellas laboramos, nos conducimos en todo nuestro actuar bajo los principios rectores que nos marca la ley, pero también requerimos su actualización para poder seguir fomentando los valores democráticos que nos son inherentes.

Corresponde a las instituciones políticas que forman parte del sistema electoral que actualmente tenemos colaborar en su construcción y fortalecimiento, dentro del marco legal.