Comunicación
Social

El uso de internet en campañas electorales se ha vuelto indispensable, pues a través de esta red puede transcurrir mucha información en el ciberespacio, no obstante, las redes sociales desempeñan un papel fundamental pues se han convertido en una herramienta esencial en la vida cotidiana de las personas. Su utilización permite a los usuarios acceder de manera inmediata a información de carácter político, social, económico y cultural, así como a contenidos relacionados con entretenimiento, noticias, moda, comercio electrónico y otros temas de interés.

Los últimos procesos electorales se han visto influidos por el uso de las redes sociales, los ciudadanos las utilizan para que, en cualquier momento, manifieste su desacuerdo con las propuestas y los resultados ofrecidos por un partido político, o bien señale su simpatía con una determinada ideología político-social y, en consecuencia, realice actividades a favor o en oposición de los candidatos o instituciones políticas según su afinidad.

En este sentido, encontramos en análisis de ponderación de derechos, por un lado, el potenciar el ejercicio democrático, abierto, plural y por otro lado se encuentra el ejercicio expansivo de la libertad de expresión en el contexto de los procesos electorales.

Ante esta situación, las autoridades jurisdiccionales en materia electoral se han tenido que involucrar en su papel de garantes de los principios rectores, ya se han dictado sentencias que sirven como pautas para abordar el análisis de cualquier medida que pueda impactar en las redes sociales desde un enfoque que, en principio y por regla general, tienda a salvaguardar la libre y genuina interacción con los usuarios.

Sin embargo, ante este panorama que se vive en los procesos electorales las autoridades electorales se enfrentan ante el nulo desarrollo normativo para regular las redes sociales, únicamente han podido influir mediante la solución de casos concretos, marcando precedentes.

Así, han surgido diferentes fenómenos, uno de ellos es la violencia digital, el Instituto Nacional Electoral la ha definido como toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres, que se comentan por medio de las tecnologías de información y la comunicación.

Para entender un poco más, las tecnologías de la información y la comunicación son aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, cabe señalar que las redes sociales surgen a través de estas tecnologías.

A pesar de los precedentes que ha marcado la Sala Superior del TEPJF, para tratar de regular el uso de las redes sociales aún se cuentan con diferentes brechas, una de ellas es la sanción jurídica de la violencia digital que se pueda desarrollar a través de las redes sociales.

En conclusión, falta regular el uso de las redes sociales para así reducir la violencia digital, crear canales de comunicación que permitan la interacción con la sociedad, para lograr una retroalimentación, así pueda verse materializa en políticas públicas, proyectos, servicios o incluso en la valoración del contenido que se esta creando en las redes sociales.

Lo cierto es que el ciberespacio es un lugar muy amplio en donde no se lograría distinguir una competencia o jurisdicción o bien el robo de identidad en las redes sociales o el perfil anónimo, son circunstancias que complican la regulación jurídica.