El pasado 6 de mayo la Legislatura del Estado de México aprobó algunas reformas electorales de las cuales, destaca la modificación de la fecha de inicio del proceso electoral local al próximo mes de septiembre. Los órganos electorales tendrán poco más de ocho meses para preparar la elección que tendrá lugar el 6 de junio de 2027, en la que se elegirán diputados locales e integrantes de los ayuntamientos para el periodo 2027-2030.
Esta disposición junto con el resto de las modificaciones aprobadas que esperemos en breve sean publicadas en la “Gaceta del Gobierno”, se dan para estar acorde con las disposiciones que en materia electoral federal, el Congreso de la Unión aprobó recientemente.
Es un acierto que el proceso electoral local inicie en la misma temporalidad que el proceso federal, porque permitirá que el Instituto Electoral del Estado de México y el Instituto Nacional Electoral, tengan una mejor coordinación y acompañamiento en las actividades propias de la preparación de ambos procesos ya que el modelo electoral actual así lo establece.
Los cambios en las reglas electorales, no son necesariamente rupturas que debilitan; por el contrario, son el mejor ejemplo de construcción de una imperfecta paz electoral en la que el diálogo, la tolerancia, la discusión franca y también el disenso, se han puesto en práctica sobre la mesa para tener acuerdos que ayuden a mejorar la calidad democrática, a fortalecer nuestras instituciones, particularmente el Instituto Electoral del Estado de México, ello, en beneficio de la sociedad mexiquense.
Ya están en puerta las reglas para la elección de diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos y, cuando dichas reglas se conocen de antemano, deben servir para que los actores políticos las respeten, no solo porque rigen su actuar, sino sobre todo para evitar sanciones y cuestionamientos que le resten credibilidad y certeza a las elecciones y a los triunfos que obtengan.
En este sentido todavía tenemos un pendiente y el tiempo se agota; aunque distintas voces, con diferentes ideologías y posiciones políticas han manifestado la necesidad de una reforma electoral que separe, difiera y organice de una mejor manera la elección del Poder Judicial, los legisladores no han puesto el tema a discusión, sobre la mesa. Varios aspectos hay que considerar para tener más elementos que contribuyan a tomar decisiones certeras; y sería pertinente preguntarnos:
Al ser una elección donde los partidos políticos no deben tener injerencia, cómo hacer que no se mezclen los mensajes durante las precampañas y campañas de los partidos; ¿ubicaremos dos tipos de casillas? unas donde si hay representantes de partido y otra donde las representaciones no están, bajo esta premisa no tendríamos oportunidad de ahorrar en material electoral (urnas, mamparas, bases, tijeras, marcadores); en los órganos desconcentrados distritales ¿cómo separar atención y temas de elecciones distintas?; ¿no sería conveniente re-pensar que es necesario tener un mejor diseño de boletas, que implica, menos candidaturas de personas juzgadoras porque ya han pasado por un proceso de selección, en un solo comité técnico de evaluación que no pertenezca a ningún Poder?
Podríamos hacernos más preguntas que tienen como único fin, que la ciudadanía, en cualquier proceso electoral emita un voto libre e informado. En cualquier escenario, los órganos electorales estamos obligados por convicción, a seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades de cara a la elección del 2027. Hoy, tenemos el reto de demostrar que el Congreso de la Unión no se equivocó al decidir la permanencia de los órganos electorales locales (OPL´s y Tribunales), porque son la garantía de la estabilidad y paz política en los estados. El Instituto Electoral del Estado de México cumple esta función en la entidad mexiquense; 30 años de Historia lo demuestran.
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