Comunicación
Social

Las recientes movilizaciones sociales en Francia han vuelto a colocar en el centro del debate público una de las principales tensiones de las democracias contemporáneas: la distancia entre las expectativas ciudadanas y la capacidad de las instituciones para responder a ellas. Miles de jóvenes han salido a las calles para protestar contra el deterioro de los servicios educativos, el encarecimiento de la vida y la incertidumbre sobre su futuro. Sin embargo, detrás de estas reivindicaciones existe una exigencia política más profunda, a saber, participar en las decisiones que determinan sus condiciones de vida.

Estas exigencias enfrentan una realidad compleja. Francia atraviesa una delicada crisis fiscal, caracterizada por elevados niveles de endeudamiento, déficits presupuestarios persistentes y crecientes presiones sobre el gasto público. La capacidad del Estado para sostener y ampliar las prestaciones sociales que históricamente distinguieron al modelo de bienestar europeo enfrenta restricciones cada vez mayores. Este fenómeno, presente también en otras economías, revela una contradicción fundamental, pues mientras las sociedades reclaman mayores derechos, mejores servicios y más espacios de participación, los gobiernos disponen de márgenes financieros cada vez más estrechos para satisfacer esas demandas.

Los hechos recientes permiten reflexionar sobre una cuestión frecuentemente relegada en nuestras discusiones públicas: la democracia implica costos para responder a las expectativas de una sociedad democrática. Garantizar derechos, ampliar la participación ciudadana y mantener instituciones capaces de procesar pacíficamente los conflictos requiere recursos públicos suficientes. Desde luego, ninguna institución debe estar exenta de justificar sus requerimientos financieros. Por el contrario, la eficiencia, la austeridad y la transparencia constituyen obligaciones indispensables. Sin embargo, asignar de manera ineficiente el gasto público puede terminar debilitando las capacidades institucionales que hacen posible el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos.

Un ejemplo reciente de este equilibrio es la aprobación, por parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, del proyecto de presupuesto para 2027. En la propuesta destaca que los recursos destinados a la operación institucional y organización electoral contemplan una reducción real de 5.5% respecto de 2024. Esto significa que, pese al crecimiento de la lista nominal, que supera los 13.3 millones de personas, el costo operativo proyectado por elector pasaría de 218 pesos en 2021 a 190 pesos en 2027. Se trata de una propuesta racional, construida bajo criterios de eficiencia, planeación y responsabilidad financiera, que busca optimizar los recursos sin comprometer la certeza, la legalidad y la transparencia de los comicios.

La experiencia francesa nos recuerda que las democracias enfrentan un desafío que trasciende las coyunturas electorales: conciliar las crecientes demandas de participación y bienestar con las limitaciones materiales del Estado. En materia electoral, ello implica organizar elecciones cada vez más eficientes, accesibles y confiables, sin renunciar a los estándares democráticos alcanzados. Después de todo, el verdadero valor de una elección no se mide exclusivamente por su costo financiero, sino por su capacidad para garantizar que todas las voces puedan expresarse y que los conflictos políticos encuentren una salida institucional.

El Informe Latinobarómetro 2026 llega en un momento especialmente significativo para América Latina. Su pregunta central, cuestionar si la democracia liberal está en crisis, admite una respuesta menos simple de lo que sugieren algunos diagnósticos. El apoyo a la democracia como forma preferible de gobierno se mantiene en 52%, el mismo nivel de 2024, aunque lejos de los niveles cercanos a 65% observados en los años noventa. Más que un colapso definitivo, el informe describe democracias incompletas, tensionadas entre una ciudadanía que conserva aspiraciones democráticas y Estados que no siempre responden a sus expectativas.

Esa tensión aparece con claridad en otros indicadores. El 65% considera que, pese a sus problemas, la democracia sigue siendo la mejor forma de gobierno; pero 52% afirma que no le importaría la llegada de un gobierno no democrático si resolviera los problemas del país, y un altísimo 63% considera que “un poco de mano dura” no viene mal. A ello se suma el desgaste institucional: 76% no se siente representado por su parlamento y apenas 15% confía en los partidos políticos. No es que la ciudadanía haya abandonado el ideal democrático; crece, más bien, la impaciencia frente a democracias que no producen resultados suficientes.

El contexto regional torna más relevantes estos datos. Durante 2025 y 2026 se consolidó un giro hacia fuerzas conservadoras y de derecha radical en distintos países. Conviene evitar generalizaciones: no todas esas fuerzas son equivalentes ni toda opción conservadora es inherentemente antidemocrática. El riesgo surge cuando discursos políticos, desde cualquier orientación ideológica, relativizan los contrapesos, descalifican a la oposición, presentan los derechos como obstáculos o convierten la pluralidad social en una amenaza. En sociedades polarizadas, esa retórica puede elevar el encono y normalizar la idea de que la eficacia gubernamental justifica debilitar las reglas democráticas.

La advertencia es mayor cuando se niegan los problemas estructurales que alimentan el desencanto. Latinobarómetro señala que sólo 26% considera que el Estado ha hecho mucho o algo por las personas y sus familias en los últimos tres años, mientras 73% responde que ha hecho poco o nada. En una región marcada por pobreza, desigualdad y brechas persistentes, defender la democracia exige reconocer las condiciones diferenciadas que enfrentan mujeres, comunidades indígenas, personas LGBTTTIQ+ y otros grupos históricamente excluidos. Las libertades formales pierden contenido cuando no existen oportunidades reales para ejercerlas.

Hay, sin embargo, un dato que merece destacarse. Las elecciones siguen siendo la institución democrática con mayor legitimidad: 74% de las y los latinoamericanos afirma que sin elecciones no hay democracia. Además, el informe identifica la alternancia como una de las herramientas que mejor han aprendido a utilizar las sociedades de la región. El giro político reciente, con todas sus tensiones, se ha procesado fundamentalmente mediante el voto. No es un hecho menor en una región cuya historia del siglo XX estuvo marcada por golpes de Estado, dictaduras militares y rupturas del orden constitucional.

Las urnas, desde luego, no agotan la democracia. Una elección puede otorgar legitimidad de origen, pero no autoriza a gobernar sin límites. El mandato popular debe convivir con división de poderes, legalidad, derechos humanos, libertad de expresión, pluralismo y respeto a las minorías. Esta distinción es esencial; nuestra tarea debe ser garantizar que las diferencias políticas puedan expresarse y competir mediante reglas comunes, y que la ciudadanía conserve la capacidad efectiva de premiar, castigar y sustituir gobiernos por medio del voto.

Quizá, entonces, el desafío latinoamericano no consista únicamente en defender la democracia, sino en reconstruirla. Reconstruirla en clave social supone preservar las libertades individuales y fortalecer los valores que permiten a sociedades diversas reconocerse como comunidad política: igualdad ante la ley, inclusión, seguridad, justicia, oportunidades y confianza institucional. La democracia latinoamericana es frágil, pero continúa viva. Su futuro dependerá de que las urnas sigan siendo el cauce del cambio y de que la democracia responda a la vida concreta de las personas.

Históricamente las mujeres en México hemos enfrentado obstáculos que limitan nuestros derechos políticos, pero también nuestro desarrollo social, profesional, académico y económico. Entre dichos obstáculos destacan las brechas de género, entendidas como desigualdades entre mujeres y hombres dentro de los mismos escenarios y las cuales se reproducen en distintos ámbitos y niveles de la sociedad.

Estas brechas se manifiestan con especial claridad en el ámbito económico. Recientemente, en el marco del Día Internacional de la Igualdad Salarial, el INEGI presentó cifras que dan cuenta de la disparidad entre hombres y mujeres en materia de ingresos. Los datos son reveladores: de las mujeres ocupadas, 54.8% recibe hasta un salario mínimo, en contraste con 41.4% de los hombres empleados que reciben la misma cantidad. Asimismo, las mujeres de la población ocupada de 15 años y más registraron un ingreso mensual promedio de 6,649 pesos, mientras que los hombres registran 8,209 pesos, lo que representa una brecha salarial de 19%.

La persistencia de tales desventajas salariales porta consecuencias significativas debido a que el nivel de ingresos influye directamente en la calidad de vida. Un menor poder adquisitivo y una capacidad limitada de ahorro restringen el acceso a bienes y servicios básicos, reducen las posibilidades de desarrollo y aumentan el riesgo de vulnerabilidad y pobreza. De esta manera, la brecha salarial no sólo afecta la autonomía económica de las mujeres, sino que también repercute en el bienestar y el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Algunas de las principales causas responden a factores estructurales: la segregación ocupacional, que concentra a las mujeres en sectores con remuneraciones más bajas; la discriminación de género, que restringe sus oportunidades de contratación y crecimiento laboral; pero, sobre todo, la distribución desigual de las tareas de cuidado, cuya responsabilidad recae mayoritariamente en las mujeres y provoca interrupciones en sus trayectorias laborales. En conjunto, estos factores limitan la experiencia, el desarrollo profesional y la probabilidad de movilidad social femenina.

Los datos anteriores, además de valiosos en sí mismos, nos invitan a reflexionar y a comprender que una democracia debe colocar en el centro de sus preocupaciones la promoción de acciones encaminadas a la reducción de la brecha salarial de género en México. No podemos dar por sentada esta realidad, sin incorporarla a la agenda de desarrollo democrático de nuestro país. Debemos trascender la sola intención y avanzar, como sociedad, en la construcción de soluciones capaces de transformar las condiciones que mantienen las desigualdades. Sin duda, para lograrlo la respuesta debe ser interseccional y articulada, con la participación de diversas instituciones de gobiernos, empresas, academia y sociedad civil con el fin de que la igualdad que ya reconocemos en el discurso y en nuestra legislación, se transforme en una realidad efectiva para millones de mujeres mexicanas.

El próximo 11 de septiembre comenzará formalmente el Proceso Electoral Ordinario 2026-2027 en el Estado de México. A partir de esa fecha se pondrá en marcha una de las tareas públicas más relevantes de nuestra vida democrática: organizar la renovación de 75 diputaciones locales, 125 presidencias municipales, 125 sindicaturas y 966 regidurías, es decir, 1,291 cargos de elección popular. El reto no es menor. Sin embargo, el Instituto Electoral del Estado de México llega a este proceso con experiencia acumulada, capacidades técnicas y recursos institucionales para cumplir cabalmente con su responsabilidad. El objetivo es que cada etapa del proceso, incluida la jornada electoral del 6 de junio de 2027, se desarrolle bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Es importante destacar que la elección que está por comenzar tendrá novedades importantes. En las boletas aparecerán nuevas fuerzas políticas: Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales y Partido Paz, ambos de carácter local, así como Partido Somos México, de carácter nacional y con registro en la entidad. Estos partidos se sumarán al PAN, PRI, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano, Morena y PRD Estado de México. También, por segunda ocasión, se implementarán acciones afirmativas para favorecer la participación de personas pertenecientes a pueblos originarios, de la comunidad LGBTTTIQ+, afromexiquenses y personas con discapacidad. Desde luego, estas medidas se complementan con el principio de paridad de género, que deberá observarse tanto en el registro de candidaturas como en la integración del Congreso local y de los ayuntamientos.

En el IEEM estamos convencidos de que la pluralidad política no sólo consiste en que existan distintas opciones partidistas, sino también en que los órganos de representación reflejen de mejor manera la diversidad de nuestra sociedad.

Por otra parte, también habrá cambios relevantes en la manera de organizar la elección. Por primera vez en la historia del IEEM, el registro de candidaturas a cargos de elección popular se realizará completamente en línea, lo que permitirá hacer el procedimiento más ágil, transparente y eficiente, además de generar ahorros en recursos. A ello se suma otro hecho histórico. Este será el primer proceso electoral ordinario en el que el Consejo General del Instituto esté integrado exclusivamente por consejeras electorales mujeres. No se trata de un dato menor, sino una muestra concreta de que los avances en materia de igualdad de género pueden y deben traducirse en una presencia efectiva de las mujeres en los espacios donde se toman las decisiones públicas.

Pero ninguna elección se agota en la actuación de las autoridades electorales. Su verdadero sentido depende de que la ciudadanía participe y haga suyo el proceso. Votar es indispensable, pero no suficiente. Como ciudadanas y ciudadanos estamos obligados a conocer las propuestas de los partidos, revisar los perfiles de quienes aspiran a representarnos, informarnos, debatir y exigir que autoridades, candidaturas y fuerzas políticas actúen con legalidad, imparcialidad y respeto a las reglas democráticas.

Desde el IEEM tendremos la responsabilidad de ofrecer condiciones de certeza y confianza; a la ciudadanía le corresponde ejercer sus derechos de manera libre, informada y responsable. El proceso electoral que comienza culminará en las urnas el 6 de junio de 2027, pero la democracia no se refleja únicamente en la jornada electoral, sino que exige promoverla, construirla y garantizarla todos los días.

2026 ha sido un año con gran concurrencia de procesos electorales en América Latina. En ellos se han observado reiteradamente escenarios de polarización, triunfos pírricos y un ascenso de proyectos ultraconservadores. En conjunto, esto ha conformado un fenómeno considerable que incluso ha sido popularizado como “marea azul”: la crecida de gobiernos de derecha conservadora en los diversos países de la región. Ahora toca el turno al país más grande de la región. En pocas semanas, Brasil se volcará a las urnas para elegir a su próximo presidente y vicepresidente, a dos tercios del Senado, a la totalidad de la Cámara de Diputados, a 27 gobernadores y a las asambleas estaduales.

En la contienda presidencial hay al menos 13 candidatos. Sin embargo, el electorado brasileño vive una especie de déjà vu con una disputa entre dos actores políticos centrales aspirando a la Presidencia. Por un lado, Luis Inácio Lula da Silva, quien está buscando su cuarto mandato con el Partido de los Trabajadores; y, por otra parte, el senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien fuera sentenciado en 2025 por intento de golpe de Estado. La jornada electoral está programada para el 4 de octubre y, si ninguno de los candidatos obtiene más del 50% de los votos, se celebrará un balotaje o segunda vuelta electoral el 25 de octubre.

En este contexto, Flávio Bolsonaro ha centrado sus promesas de campaña en temas de seguridad con propuestas como la creación de cinco nuevas cárceles de máxima seguridad (al estilo Bukele en El Salvador), la reducción de la edad penal a 16 años y la clasificación de grupos del narcotráfico como “organizaciones terroristas”, iniciativa fuertemente alineada con el gobierno de Estados Unidos. Desde su trinchera, Lula parece haber comprendido que la estrategia más eficaz es la cohesión con las fuerzas políticas, ya que en días recientes ha comenzado a cerrar filas con líderes del Congreso que pertenecen al llamado Centrão, el bloque parlamentario de centro que goza de gran influencia, lo que aseguró un avance exitoso de un paquete de proyectos prioritarios para su gobierno.

Lo anterior podría ser el elemento decisivo en una carrera cerrada. Y es que, recientemente, el Instituto Datafolha, uno de los centros de investigación más reputados en opinión electoral en el país amazónico, hizo públicos sus resultados de encuestas sobre intención de voto. En éstas, Lula sumaría un 39%, frente a un 33% de Bolsonaro. Pero en el escenario de una segunda vuelta electoral, el candidato del Partido de los Trabajadores registra un respaldo del 47%, ventaja ajustada frente al 43% de los votantes que manifiestan su apoyo por Flávio Bolsonaro.

En definitiva, Brasil afrontará un proceso electoral de una relevancia mayúscula, no sólo porque las métricas adelantan un resultado cerrado, sino porque, al ser el país con mayor peso económico y relevancia estratégica de la región, los ojos del mundo se encuentran atentos a la jornada electoral y la administración que resulte. Sin duda, esta coyuntura es clave para que la ciudadanía brasileña decida si desea mantener políticas de corte progresista y una posición independiente y con proyección propia en el escenario internacional o si optan por un rumbo más alineado a gobiernos conservadores. Ante esto, cabe plantearse la pregunta: ¿podrán los vientos progresistas disipar los nubarrones ultraderechistas de territorio brasileño? La respuesta está en las urnas.