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El seis de junio de 2027, la ciudadanía mexiquense elegirá a quienes integrarán la Legislatura local y los 125 ayuntamientos del Estado de México. Ello implica un proceso organizativo complejo que constituye uno de los retos más importantes para la autoridad administrativa electoral.

Con la elección local 2026-2027 se renovarán las 75 Diputaciones integrantes del Congreso del Estado de México, así como los cargos que integran los 125 ayuntamientos mexiquenses (125 presidencias municipales, 125 sindicaturas y 966 regidurías). Para tal efecto, cada partido político que postule candidaturas para la totalidad de los cargos disponibles deberá registrar 2,644 personas candidatas, entre propietarias y suplentes.

Así, 212 candidaturas corresponderán a diputaciones por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional y 2,432 a presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. En otras palabras, la integración de los ayuntamientos representa el mayor universo de espacios de representación que estarán en disputa.

Actualmente, con seis partidos políticos nacionales con acreditación y un partido político local, el Instituto Electoral del Estado de México tendría que recibir, revisar y aprobar la documentación correspondiente a 18,508 candidaturas. Cifra que se incrementará si se concretan los procedimientos para la constitución de nuevos partidos políticos nacionales y uno local, por lo que el número de fuerzas políticas participantes podría ascender a diez o más, elevando el universo potencial de aproximadamente 24,320 expedientes de personas aspirantes a un cargo de elección; más aquellas que se sumen a la contienda por la vía independiente.

Cada una de estas postulaciones implica un proceso exhaustivo de revisión y validación por parte de la autoridad electoral. Lo que comprende la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales, la revisión de la documentación presentada, el análisis de las acciones afirmativas y de los principios de paridad, así como la atención de requerimientos, sustituciones y demás actos vinculados al registro de candidaturas.

En conjunto, se trata de miles de expedientes que deben ser analizados de manera individual y rigurosa, garantizando en todo momento la observancia de los principios de legalidad, certeza, imparcialidad y objetividad que rigen la función electoral.

La complejidad de esta elección también se refleja en la infraestructura necesaria para hacer posible el ejercicio democrático. Será necesario determinar 170 inmuebles para las juntas distritales y municipales, así como adecuar y equipar 295 bodegas que serán destinadas al resguardo de documentación y material electoral. Asimismo, se estima la impresión de más de 29 millones de boletas electorales.

A ello se suma la integración de una amplia estructura de personal electoral, que contempla la contratación de cerca de 1,900 personas para las juntas distritales y municipales, más de 6,600 supervisoras, supervisores, capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales, alrededor de 1,700 personas para actividades de la jornada electoral y la designación de más de 2,000 consejerías electorales.

Estas cifras permiten dimensionar que la organización de una elección no se reduce al día de la votación. Se trata de una labor que involucra miles de personas, millones de documentos y una compleja coordinación institucional para garantizar que cada candidatura pueda competir en condiciones de equidad y que cada voto sea recibido y contado con certeza. Esa es la magnitud del reto que representa la elección local de 2027 para el Estado de México.

Sin embargo, toda esta organización no tendrá relevancia, si no se presenta la ciudadanía a votar, ya que esta función ciudadana es la más importante en todo proceso democrático. Les invito a adentrarse en las actividades del IEEM y a acudir a las urnas.

Las recientes reformas al Código Electoral del Estado de México incorporan cambios sutiles pero importantes, que impactarán positivamente en la organización de los próximos comicios. De los más relevantes: el proceso electoral local iniciará formalmente en septiembre del año previo a la elección.

Organizar una elección implica una compleja coordinación de actividades jurídicas, administrativas, logísticas y operativas que requieren tiempo, planeación y certeza. Contar con un periodo legal formalmente más amplio permitirá al Instituto Electoral del Estado de México desarrollar estas tareas con mayor oportunidad y eficiencia.

Debe señalarse que el Instituto ya realizaba diversos trabajos preparatorios desde meses antes del inicio formal del proceso, derivado del calendario homologado con el INE y de la coordinación interinstitucional; sin embargo, había otras que no podían realizarse por estar fuera de los plazos legales y que implicaba el uso de presupuesto específico. Por lo que el adelantar cuatro meses el arranque del proceso electoral, fortalece la planeación institucional y permite distribuir mejor las cargas de trabajo.

Entre las acciones que ahora se realizarán desde septiembre está la integración de los órganos desconcentrados que operan en los distritos y municipios, la búsqueda y adecuación de inmuebles, la contratación y capacitación de personal, así como la preparación de materiales, sistemas y procedimientos necesarios para la organización de la elección.

A su vez, los partidos políticos dispondrán de mayores márgenes para desarrollar sus procesos internos de selección de candidaturas, mientras que las personas interesadas en participar mediante candidaturas independientes podrán iniciar sus trámites con mayor anticipación. Esto también contribuye a que cualquier controversia o impugnación relacionada con derechos político-electorales pueda atenderse en mejores condiciones y con tiempos razonables.

Las reformas también amplían diversos plazos, como los relacionados con el registro y la revisión de requisitos constitucionales y legales de las candidaturas, permitiendo procesos más ordenados, exhaustivos y garantistas para todas las personas participantes.

En conjunto, estos ajustes reflejan una visión preventiva y de mejora continua. Adelantar el inicio formal del proceso electoral no significa únicamente comenzar antes; significa contar con mejores condiciones para planear, coordinar y ejecutar cada etapa de la elección. Para el IEEM representa una oportunidad de fortalecer su capacidad organizativa y seguir garantizando elecciones íntegras, transparentes y confiables para la ciudadanía mexiquense rumbo a 2027.

La democracia no se agota en la celebración periódica de elecciones. Su verdadera fortaleza radica en la capacidad de garantizar que todas las personas puedan participar y estar representadas en los espacios donde se toman las decisiones públicas. En este sentido, las acciones afirmativas constituyen una herramienta indispensable para avanzar hacia una representación política más justa, incluyente y sustantiva.

En el Proceso Electoral 2024, el IEEM implementó, por primera vez, acciones afirmativas para personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, población LGBTTTIQA+ y personas afromexiquenses. Esta decisión no solo respondió a un mandato de igualdad y no discriminación, sino a la convicción democrática de abrir espacios reales para sectores que han enfrentado barreras estructurales para acceder a cargos de elección popular.

Los resultados fueron alentadores y reflejan el impacto de estas medidas. En el proceso electoral se registraron 148 candidaturas bajo acciones afirmativas: 7 para diputaciones, 23 para presidencias municipales, 20 para sindicaturas y 98 para regidurías. De ellas, 64 lograron el respaldo ciudadano en las urnas y hoy participan activamente en la toma de decisiones públicas. Actualmente ejercen el cargo 17 personas indígenas, 14 integrantes de la población LGBTTTIQA+, 10 personas con discapacidad y 26 personas afromexiquenses.

Cada una de estas personas electas hace tangible la posibilidad de que las políticas públicas, los presupuestos y las prioridades institucionales sean construidas desde experiencias diversas y realidades concretas que durante mucho tiempo no estuvieron presentes en los órganos de gobierno.

Con la mirada puesta en el Proceso Electoral 2027, el IEEM ha asumido el compromiso de evaluar los resultados obtenidos y perfeccionar estas medidas para fortalecer la inclusión política. Para ello, invitó a diversas instituciones académicas con reconocida experiencia en derechos humanos, democracia, gobernanza, violencia política y representación política. Como resultado de este proceso, se seleccionó a El Colegio de México para elaborar el “Estudio sobre el diseño y la implementación de acciones afirmativas en el Proceso Electoral Local 2024 en el Estado de México: evaluación y prospectiva hacia 2027”, que incorporará una perspectiva de género, interculturalidad, interseccionalidad y enfoque de derechos humanos.

Este estudio permitirá analizar los resultados de implementación de las acciones afirmativas en 2024 y trazará rutas y estrategias para su mejora rumbo a 2027. La evaluación rigurosa de estas medidas es una muestra de responsabilidad institucional y de compromiso con la mejora continua de nuestra democracia. No se trata únicamente de mantener mecanismos existentes, sino de perfeccionarlos a partir de evidencia, experiencia comparada y escucha activa de las poblaciones involucradas.

Estoy convencida de que la democracia se enriquece cuando incorpora todas las voces y reconoce la pluralidad social que da vida al Estado de México. Una representación más incluyente no solo amplía derechos, sino que fortalece la legitimidad de las decisiones públicas.

La paridad de género en las gubernaturas es un desafío para la consolidación de la democracia en México, ya que la mayoría de los actores políticos lo siguen viendo como un techo y no como un piso, dado que la postulación para puestos uninominales se inclina más hacia los hombres que hacia las mujeres.

Cierto es que el principio de paridad de género quedó reconocido a nivel constitucional a partir de la reforma de 2014 y de paridad en todos los cargos, en 2019; sin embargo, su implementación en la integración de los Poderes Ejecutivos estatales aún enfrenta retos significativos.

A nivel nacional, el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Yucatán son las entidades federativas que han incorporado disposiciones expresas en materia de paridad y alternancia de género para la postulación de candidaturas a gubernaturas. Un avance relevante; sin embargo, es claro que en el ámbito nacional aún falta realizar acciones que consoliden la implementación fáctica de dicho principio.

En este contexto, otro avance importante es que diez entidades federativas reconocen la paridad de manera general; sin embargo, carecen de reglas específicas aplicables a la elección de gubernaturas. A su vez, quince entidades no cuentan con legislación ni mecanismos concretos en la materia, lo que evidencia la necesidad de armonizar el marco normativo local para garantizar el cumplimiento efectivo del principio de paridad en la postulación de candidaturas a los Poderes Ejecutivos estatales. A ello se suman dos casos en los que las reformas aprobadas sobre este tema quedaron sin efectos (Coahuila y San Luis Potosí).

La relevancia de este análisis adquiere una dimensión mayor al considerar el Proceso Electoral 2027, en el que se renovarán 17 gubernaturas, además de diversos cargos de elección popular, en una de las jornadas electorales más trascendentes de los últimos años. Este contexto representa una oportunidad histórica para evaluar si el principio de paridad se ha consolidado como una realidad en el ámbito local o si, por el contrario, persisten barreras estructurales que limitan el acceso de las mujeres a las gubernaturas.

La experiencia reciente ha demostrado que, ante la ausencia de regulación local específica, han sido las autoridades electorales quienes han intervenido para garantizar la postulación paritaria. No obstante, esta función no puede sustituir de manera permanente la responsabilidad que corresponde a los congresos locales de armonizar su marco jurídico conforme a los principios constitucionales.

En ese sentido, resulta fundamental contar con reglas ciertas, objetivas y efectivas que permitan hacer de la paridad no sólo una aspiración normativa, sino una práctica democrática permanente y una realidad institucional en todo el país.

Ante los posibles retrocesos en este tema en las entidades federativas, hay que recordar que la obligación de alternancia de género en las postulaciones a gubernatura por periodo electivo, no restringe la postulación consecutiva de mujeres; la limitante, de acuerdo con los criterios jurisdiccionales, va dirigida a los hombres.

El 10 de mayo México celebra a las madres. Entre flores, reuniones familiares y mensajes de reconocimiento, se honra una figura que históricamente ha sido asociada con el amor y la entrega. Sin embargo, esto nos coloca frente a una pregunta que no podemos seguir postergando: ¿quién sostiene realmente las tareas de cuidado en los hogares de nuestro país y en qué condiciones?

La respuesta es tan evidente como preocupante. En México, las mujeres dedican en promedio 39.7 horas a la semana al trabajo doméstico y de cuidados, mientras que los hombres invierten 18.2 horas. La diferencia (21.5 horas semanales) no solo representa una brecha de tiempo; refleja una desigualdad estructural que limita oportunidades, restringe libertades y condiciona el ejercicio pleno de derechos.

Durante décadas, el cuidado ha sido tratado como un asunto privado, casi naturalizado como una responsabilidad femenina. Sin embargo, hoy sabemos que se trata de un auténtico problema público. Basta observar su impacto económico: en 2024, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado alcanzó un valor equivalente al 23.9% del Producto Interno Bruto nacional, superando incluso sectores como el comercio (19.6%), la industria manufacturera (18.1%) y los servicios educativos (3.6%).

Estos datos son reveladores. Lo que ocurre dentro de los hogares sostiene, en gran medida, el funcionamiento de la economía y de la vida social. Cocinar, limpiar, acompañar a niñas y niños, atender a personas mayores, brindar apoyo a quienes viven con discapacidad o dependencia, son labores indispensables para la reproducción cotidiana de la vida. Sin embargo, siguen siendo invisibilizadas y, sobre todo, desigualmente distribuidas.

La dimensión social del fenómeno es enorme. En México, 58.3 millones de personas son susceptibles de recibir cuidados en los hogares, de las 31.7 millones de personas que brindan cuidados dentro o fuera de sus hogares, 75.1% son mujeres.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció expresamente el derecho al cuidado en la Opinión Consultiva 31/2025, estableciendo que el cuidado constituye un medio indispensable para el goce del derecho a una vida digna, pues permite a las personas desarrollarse integralmente y sostener su proyecto de vida. La Corte definió que recibir cuidado, o contar con las condiciones adecuadas para brindarlo, implica que toda persona debe contar con tiempo, espacios y recursos para cuidar, ser cuidada o procurarse condiciones de bienestar integral.

Asimismo, señaló que la distribución desigual de las cargas de cuidado no remunerado, basada en estereotipos de género, constituye una forma de discriminación estructural contra las mujeres. Este reconocimiento obliga a los Estados a adoptar medidas normativas, institucionales y presupuestales que permitan garantizar el derecho al cuidado bajo un principio de corresponsabilidad.

El tema no es ajeno a la vida pública ni al ámbito electoral. La sobrecarga de cuidados impacta directamente en la participación de las mujeres en los espacios de decisión, en su incorporación al mercado laboral, en su desarrollo profesional y en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Cuando millones de mujeres destinan gran parte de su tiempo al cuidado no remunerado, se generan barreras reales para su presencia en la vida pública.

Por ello, el día después de celebrar a las madres debe invitarnos a mirar más allá del reconocimiento simbólico. Honrar a las madres no puede reducirse a un solo día de flores, felicitaciones o discursos emotivos. Implica reconocer la carga histórica que muchas de ellas han asumido en silencio: sostener la vida cotidiana, cuidar de hijas e hijos, acompañar a personas mayores, atender enfermedades, organizar los hogares y, en innumerables casos, hacerlo al mismo tiempo que participan en el ámbito laboral y comunitario. Detrás de cada celebración existe una realidad que exige ser visibilizada y transformada.

El verdadero homenaje, está en reconocer su trabajo, redistribuir estas responsabilidades y garantizar que el derecho al cuidado es también una forma de justicia.