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El próximo 11 de septiembre comenzará formalmente el Proceso Electoral Ordinario 2026-2027 en el Estado de México. A partir de esa fecha se pondrá en marcha una de las tareas públicas más relevantes de nuestra vida democrática: organizar la renovación de 75 diputaciones locales, 125 presidencias municipales, 125 sindicaturas y 966 regidurías, es decir, 1,291 cargos de elección popular. El reto no es menor. Sin embargo, el Instituto Electoral del Estado de México llega a este proceso con experiencia acumulada, capacidades técnicas y recursos institucionales para cumplir cabalmente con su responsabilidad. El objetivo es que cada etapa del proceso, incluida la jornada electoral del 6 de junio de 2027, se desarrolle bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Es importante destacar que la elección que está por comenzar tendrá novedades importantes. En las boletas aparecerán nuevas fuerzas políticas: Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales y Partido Paz, ambos de carácter local, así como Partido Somos México, de carácter nacional y con registro en la entidad. Estos partidos se sumarán al PAN, PRI, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano, Morena y PRD Estado de México. También, por segunda ocasión, se implementarán acciones afirmativas para favorecer la participación de personas pertenecientes a pueblos originarios, de la comunidad LGBTTTIQ+, afromexiquenses y personas con discapacidad. Desde luego, estas medidas se complementan con el principio de paridad de género, que deberá observarse tanto en el registro de candidaturas como en la integración del Congreso local y de los ayuntamientos.

En el IEEM estamos convencidos de que la pluralidad política no sólo consiste en que existan distintas opciones partidistas, sino también en que los órganos de representación reflejen de mejor manera la diversidad de nuestra sociedad.

Por otra parte, también habrá cambios relevantes en la manera de organizar la elección. Por primera vez en la historia del IEEM, el registro de candidaturas a cargos de elección popular se realizará completamente en línea, lo que permitirá hacer el procedimiento más ágil, transparente y eficiente, además de generar ahorros en recursos. A ello se suma otro hecho histórico. Este será el primer proceso electoral ordinario en el que el Consejo General del Instituto esté integrado exclusivamente por consejeras electorales mujeres. No se trata de un dato menor, sino una muestra concreta de que los avances en materia de igualdad de género pueden y deben traducirse en una presencia efectiva de las mujeres en los espacios donde se toman las decisiones públicas.

Pero ninguna elección se agota en la actuación de las autoridades electorales. Su verdadero sentido depende de que la ciudadanía participe y haga suyo el proceso. Votar es indispensable, pero no suficiente. Como ciudadanas y ciudadanos estamos obligados a conocer las propuestas de los partidos, revisar los perfiles de quienes aspiran a representarnos, informarnos, debatir y exigir que autoridades, candidaturas y fuerzas políticas actúen con legalidad, imparcialidad y respeto a las reglas democráticas.

Desde el IEEM tendremos la responsabilidad de ofrecer condiciones de certeza y confianza; a la ciudadanía le corresponde ejercer sus derechos de manera libre, informada y responsable. El proceso electoral que comienza culminará en las urnas el 6 de junio de 2027, pero la democracia no se refleja únicamente en la jornada electoral, sino que exige promoverla, construirla y garantizarla todos los días.

2026 ha sido un año con gran concurrencia de procesos electorales en América Latina. En ellos se han observado reiteradamente escenarios de polarización, triunfos pírricos y un ascenso de proyectos ultraconservadores. En conjunto, esto ha conformado un fenómeno considerable que incluso ha sido popularizado como “marea azul”: la crecida de gobiernos de derecha conservadora en los diversos países de la región. Ahora toca el turno al país más grande de la región. En pocas semanas, Brasil se volcará a las urnas para elegir a su próximo presidente y vicepresidente, a dos tercios del Senado, a la totalidad de la Cámara de Diputados, a 27 gobernadores y a las asambleas estaduales.

En la contienda presidencial hay al menos 13 candidatos. Sin embargo, el electorado brasileño vive una especie de déjà vu con una disputa entre dos actores políticos centrales aspirando a la Presidencia. Por un lado, Luis Inácio Lula da Silva, quien está buscando su cuarto mandato con el Partido de los Trabajadores; y, por otra parte, el senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien fuera sentenciado en 2025 por intento de golpe de Estado. La jornada electoral está programada para el 4 de octubre y, si ninguno de los candidatos obtiene más del 50% de los votos, se celebrará un balotaje o segunda vuelta electoral el 25 de octubre.

En este contexto, Flávio Bolsonaro ha centrado sus promesas de campaña en temas de seguridad con propuestas como la creación de cinco nuevas cárceles de máxima seguridad (al estilo Bukele en El Salvador), la reducción de la edad penal a 16 años y la clasificación de grupos del narcotráfico como “organizaciones terroristas”, iniciativa fuertemente alineada con el gobierno de Estados Unidos. Desde su trinchera, Lula parece haber comprendido que la estrategia más eficaz es la cohesión con las fuerzas políticas, ya que en días recientes ha comenzado a cerrar filas con líderes del Congreso que pertenecen al llamado Centrão, el bloque parlamentario de centro que goza de gran influencia, lo que aseguró un avance exitoso de un paquete de proyectos prioritarios para su gobierno.

Lo anterior podría ser el elemento decisivo en una carrera cerrada. Y es que, recientemente, el Instituto Datafolha, uno de los centros de investigación más reputados en opinión electoral en el país amazónico, hizo públicos sus resultados de encuestas sobre intención de voto. En éstas, Lula sumaría un 39%, frente a un 33% de Bolsonaro. Pero en el escenario de una segunda vuelta electoral, el candidato del Partido de los Trabajadores registra un respaldo del 47%, ventaja ajustada frente al 43% de los votantes que manifiestan su apoyo por Flávio Bolsonaro.

En definitiva, Brasil afrontará un proceso electoral de una relevancia mayúscula, no sólo porque las métricas adelantan un resultado cerrado, sino porque, al ser el país con mayor peso económico y relevancia estratégica de la región, los ojos del mundo se encuentran atentos a la jornada electoral y la administración que resulte. Sin duda, esta coyuntura es clave para que la ciudadanía brasileña decida si desea mantener políticas de corte progresista y una posición independiente y con proyección propia en el escenario internacional o si optan por un rumbo más alineado a gobiernos conservadores. Ante esto, cabe plantearse la pregunta: ¿podrán los vientos progresistas disipar los nubarrones ultraderechistas de territorio brasileño? La respuesta está en las urnas.

El próximo 10 de septiembre iniciará formalmente el Proceso Electoral Federal 2026-2027 y dará paso a una larga ruta hacia la jornada del 6 de junio de 2027. En el ámbito federal se renovarán las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados y a nivel local estarán en disputa 17 gubernaturas y miles de cargos. En el Estado de México, la ciudadanía elegirá 75 diputaciones locales (45 de mayoría relativa y 30 de representación proporcional), así como 125 presidencias municipales, 125 sindicaturas y 966 regidurías, para un total de 1,291 cargos de elección popular. Ante la magnitud de estos comicios, vale la pena preguntarse ¿quién tendrá la capacidad de inclinar los resultados electorales en la entidad? Evidentemente ningún sector social decide por sí solo una elección de estas dimensiones, pero existe uno cuyo peso demográfico, características y comportamiento pueden convertirlo en un actor especialmente relevante: las nuevas generaciones de electores.

De acuerdo con el Censo 2020 del INEGI, en el Estado de México existían 2 millones 782 mil 686 personas de entre 20 y 29 años, equivalentes al 16.38% de la población estatal. Si bien ese grupo etario no corresponde en su totalidad, en sentido estricto, a la denominada generación Z, sí permite observar la magnitud de las generaciones jóvenes que están incorporándose o consolidándose como electorado. Sus características son relevantes: 33.78% contaba con educación media superior y 32.9% con educación superior, mientras que 70.44% se declaraba económicamente activo. Es decir, hablamos de una población que, en buena proporción, estudia, trabaja, consume información de manera constante y experimenta directamente retos como el acceso al empleo, los salarios, la vivienda, la movilidad, la seguridad y la calidad de los servicios públicos.

La generación Z, además, mantiene una relación particular con la política. Su participación no necesariamente pasa por la militancia partidista o por las estructuras tradicionales: suele expresarse también mediante causas específicas, conversaciones digitales, activismo y posicionamientos frente a problemas concretos. Las redes sociales y otras plataformas digitales ocupan un lugar central en su acceso a la información, además de que existe una marcada preferencia entre los jóvenes por contenidos visuales, dinámicos y de rápida circulación. Si bien las juventudes no constituyan un bloque homogéneo, su relación con la política es menos dependiente de las identidades partidistas tradicionales.

Por ello, las campañas de 2027 tendrán que entender que comunicarse con las nuevas generaciones significa algo más que abrir una cuenta de TikTok o publicar videos breves. El desafío será convertir los formatos contemporáneos de comunicación en vehículos para presentar propuestas concretas sobre los asuntos que afectan la vida de las y los jóvenes: oportunidades laborales, acceso a una vivienda, transporte público, seguridad, educación, medio ambiente, espacios públicos y servicios digitales, entre otros. Además, en un ecosistema digital donde proliferan contenidos falsos o engañosos, la credibilidad puede convertirse en un activo electoral tan importante como la visibilidad.

¿Decidirá la generación Z el resultado electoral en el Estado de México? La respuesta dependerá, sobre todo, de si puede transformar su peso demográfico y su conversación digital en una participación electoral efectiva. Una generación numerosa puede ser políticamente determinante si acude a las urnas, pero pierde gran parte de esa capacidad cuando se abstiene. Por eso, de cara al 6 de junio de 2027, el reto no corresponde únicamente a los partidos y candidaturas que intentarán conquistar ese voto; también pertenece a una generación que tendrá la oportunidad de demostrar que su capacidad para cuestionar, informarse y participar en el espacio público puede traducirse en decisiones en las urnas.

El voto joven no tiene dueño ni orientación predeterminada y, precisamente por ello, puede convertirse en uno de los votos que definan la próxima elección mexiquense.

Las irregularidades denunciadas en el reciente examen de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) obligan a revisar una decisión que, en principio, buscaba facilitar la participación de miles de aspirantes. La aplicación completamente virtual prometía reducir traslados, costos y dificultades geográficas; sin embargo, también abrió dudas sobre la identidad de quienes respondieron, el uso de apoyos externos, la eficacia de mecanismos de supervisión y la confiabilidad de los resultados. Me parece que el problema no debe reducirse a determinar si algunos aspirantes hicieron trampa. Lo que está en discusión es si el modelo utilizado ofrece las condiciones necesarias para sostener la legitimidad de uno de los procesos de selección académica más importantes del país.

La primera lección es que la tecnología no produce inclusión de manera automática. Un examen remoto exige computadora personal, conexión estable a internet, electricidad continua, iluminación adecuada, silencio, privacidad y habilidades suficientes para manejar plataformas y resolver eventualidades técnicas. Estas condiciones no están igualmente distribuidas entre los hogares mexicanos. Para algunos aspirantes, el examen se realiza en una habitación propia y con equipos adecuados; para otros, supone conseguir una computadora prestada, compartir el espacio familiar o depender de una conexión deficiente. En esas circunstancias, la evaluación corre el riesgo de medir no sólo conocimientos, sino también recursos económicos, condiciones domésticas y habilidades tecnológicas.

Esta realidad resulta especialmente relevante porque puede colocar a ciertos aspirantes en desventaja antes de que comiencen a responder la primera pregunta. Las diferencias de ingreso, región y acceso a infraestructura digital inciden en la concentración, el tiempo disponible y la posibilidad de reaccionar ante fallas del sistema. Al mismo tiempo, los mecanismos de vigilancia remota tampoco garantizan por sí solos la equidad: pueden interpretar como sospechosos movimientos cotidianos, interrupciones familiares o problemas de conectividad, mientras que las personas con mayores recursos tecnológicos pueden encontrar formas más sofisticadas de obtener una ventaja indebida. La digitalización, por tanto, puede reproducir desigualdades existentes e incluso generar otras nuevas.

Frente a este escenario, es legítimo analizar si un examen presencial ofrece mayores garantías de justicia y transparencia. Reunir a los aspirantes en espacios supervisados, bajo reglas homogéneas y sin acceso a teléfonos, asistentes digitales u otras herramientas, permite tener mayor certeza de que son sus conocimientos los que determinan el resultado. Desde luego, esto implica resolver costos, traslados y capacidad de aplicación, pero tales dificultades pueden atenderse con una red más amplia de sedes y convenios con instituciones públicas. Al final, la discusión no debe plantearse como una oposición reduccionista entre modernidad tecnológica y métodos tradicionales, sino como la búsqueda del mejor formato para protejer la igualdad, la confiabilidad y el mérito académico.

La Universidad ha señalado que investigará con rigor, explicará lo ocurrido y comunicará las medidas para proteger tanto a quienes obtuvieron legítimamente un lugar como a quienes pudieron resultar afectados. La sociedad tiene derecho a conocer las conclusiones y las soluciones propuestas. Esa exigencia, sin embargo, debe formularse con pleno respeto a la autonomía de la UNAM. El episodio no puede utilizarse como pretexto para desacreditar o intervenir en la vida académica de nuestra máxima casa de estudios. Defender a la Universidad significa respetar su autonomía y esperar una decisión transparente, responsable y orientada a mejorar sus propios procesos.

América Latina y el Caribe han conseguido algo que hace apenas unas décadas parecía poco probable para algunos observadores: mantener a la democracia como la principal forma de gobierno. Sin embargo, conservar elecciones periódicas no significa que la democracia esté plenamente consolidada. El Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte que las instituciones democráticas están actualmente sometidas a presiones crecientes y que muchas personas sienten que sus necesidades no son escuchadas. El razonamiento es claro: la democracia no puede reducirse al momento de votar, sino que debe reflejarse en derechos, oportunidades y mejores condiciones de vida.

Esta idea resulta especialmente relevante para México ante el proceso electoral de 2027. Por una parte, la ciudadanía electoral nos permite elegir representantes, participar en campañas, vigilar los comicios y exigir que se respete el voto. Pero la ciudadanía social debe ir más allá al garantizar que las personas puedan acceder efectivamente a la educación, salud, seguridad, justicia, empleo digno, conectividad o servicios públicos, sin importar su ingreso o el lugar donde habitan. Cuando esos derechos existen únicamente en el papel, pero no en la experiencia cotidiana, la participación política también se vuelve desigual: no todos cuentan con el mismo tiempo, información, seguridad o recursos para hacer valer su voz.

El informe del PNUD muestra justamente esa contradicción. Aunque la región ha avanzado en salud, educación e ingresos, continúa como una de las más desiguales del mundo. Esta brecha tiene consecuencias políticas que debemos tomar en cuenta seriamente. Una persona que vive con miedo, sin servicios básicos o sin oportunidades difícilmente percibirá que la democracia está resolviendo sus problemas. Por ello, la insatisfacción con su funcionamiento alcanza, de acuerdo con el reporte, cerca de dos terceras partes de la población regional. No se trata necesariamente de un rechazo a la democracia, sino de una exigencia para que produzca resultados concretos y distribuya sus beneficios de forma más justa.

A estas deudas se suman nuevas amenazas. La polarización convierte al adversario en enemigo; la desinformación deteriora la conversación pública; los algoritmos pueden amplificar prejuicios y noticias falsas; y el crimen organizado puede limitar la libertad de las comunidades e incluso distorsionar la competencia política. Frente a estos riesgos, no basta con pedir a la ciudadanía que vote de manera informada. Es necesario proteger el espacio cívico, fortalecer la educación democrática y digital, garantizar la seguridad de quienes participan, cuidar la autonomía de las autoridades electorales y abrir canales permanentes para que las personas influyan en las decisiones públicas, no únicamente durante las campañas.

De cara a 2027, México tiene la oportunidad de entender el proceso electoral como parte de una tarea más amplia. Esto exige elecciones confiables, pero también instituciones capaces de convertir las decisiones colectivas en políticas públicas, bienes y derechos efectivos. Cerrar las brechas de ciudadanía social significa que el lugar de residencia, el género, el origen, la edad o el nivel de ingreso no determinen quién puede participar y quién permanece al margen. La democracia se fortalece cuando votar importa, pero también cuando las personas comprueban, en su vida diaria, que su voz cuenta y que las instituciones pueden ayudarlas a construir un futuro con bienestar.