Comunicación
Social

Al hablar de diversidad sexual, se hace referencia al conjunto de orientaciones sexuales y expresiones, identidades o manifestaciones de género, es decir, se reconoce la existencia de las múltiples formas de vivir la afectividad, la sexualidad y el género, promoviendo el respeto a las diferencias y a la dignidad humana (Solá, 2020). Por lo que, este reconocimiento se convierte en algo fundamental para erradicar las prácticas discriminatorias, fortalecer la igualdad y crear acciones de cambio, que permiten visibilizar las maneras en que las personas viven su sexualidad.

 

A lo largo de la historia, las personas de la diversidad sexual y de género han experimentado distintas formas de exclusión y barreras estructurales, limitando así su participación política. Además, sus intereses no siempre se han considerado al momento de la elaboración de políticas públicas o en la construcción de marcos normativos que garanticen la igualdad de sus derechos.

 

Ante estas asimetrías, se han implementado acciones afirmativas que buscan atender las desventajas estructurales a las que se enfrentan las personas en situación de vulnerabilidad para ejercer sus derechos político electorales de forma efectiva. Estas acciones son medidas temporales y compensatorias que tienen la finalidad de contribuir a la inclusión y representación de grupos históricamente discriminados. Constituyen, entonces, una herramienta importante para favorecer su acceso a la vida pública.

 

El ejercicio pleno de los derechos político electorales de la población LGBTTTIQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgénero, Travestis, Intersexuales, Queer y más) comprende más prerrogativas, no solo votar y ser votada, votado o votade, implica también poder formar parte de organizaciones de la sociedad civil, participar en consultas, afiliarse a partidos políticos y expresar libremente opiniones e ideas. Pretende, pues, que todas, todos y todes tengan y lleven a la práctica estas garantías en condiciones de igualdad, libres de violencia y discriminación.

 

Los avances obtenidos en materia de reconocimiento de la población LGBTTTIQ+ han sido resultado de décadas de movilización social y activismo. En el caso del ámbito electoral, se ha conseguido una mayor visibilidad en los espacios públicos y de representación. Muestra de ello es que, para la Elección de Diputaciones y Ayuntamientos 2024 en el Estado de México, fueron postuladas 38 candidaturas de esta población y 14 resultaron electas, lo que evidencia tanto la apertura de espacios como el camino que aún queda por recorrer.

 

La población de la diversidad sexogenérica continúa enfrentándose a actos constitutivos de violencia política, discursos de odio, discriminación, exclusión social y obstáculos al momento de buscar acceder a posiciones de liderazgo. Así que, reconocer, validar, proteger y respetar su participación política es indispensable para el fortalecimiento del sistema democrático en la entidad mexiquense y alcanzar una sociedad más justa, inclusiva y equitativa.

 

Con el lema Orgullo de ser, sentir e identificarte, este mes de junio, la Unidad Coordinadora de Género de Instituto Electoral del Estado de México pone en relieve el tema. Si quieres consultar materiales de difusión al respecto, está a tu disposición el enlace https://www.ieem.org.mx/ucg/biblioteca_digital.html, así como las redes sociales institucionales.

 

Las luchas históricas de las mujeres han permitido el reconocimiento jurídico de sus derechos en igualdad con los hombres y, con ello, su acceso a espacios de toma de decisiones. Sin embargo, aún enfrentan múltiples formas de violencia que cuestionan y amenazan su participación política, con el objetivo de expulsarlas de ámbitos tradicionalmente estructurados desde una perspectiva patriarcal.

                                                                                                                                      

Estas violencias, en su afán de perpetuarse, se han trasladado también a los espacios digitales, generando ambientes hostiles que vulneran el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En el caso de la violencia política, los entornos digitales facilitan su propagación, ya que el anonimato permite que se intensifique y se vuelva constante mediante campañas de difamación, desinformación, manipulación de imágenes, el uso de bots y cuentas falsas.

 

Entre las principales manifestaciones de esta violencia se encuentran el cuestionamiento de la preparación académica, la trayectoria profesional y las redes personales o afectivas de las mujeres, así como la crítica reiterada a su apariencia física. Estas prácticas fomentan el acoso masivo y los discursos de odio, con el propósito de desacreditarlas, socavar su autoridad, excluyéndolas con ello de la esfera pública.

 

La violencia digital amenaza la credibilidad de las mujeres, las orilla a la autocensura y reduce su presencia en el espacio público digital. Esto impacta directamente en el desarrollo de sus campañas electorales, en el ejercicio de sus cargos y en su capacidad de incidir en la agenda política.

 

En este contexto, y con el objetivo de que las mujeres electas en el Proceso Electoral Ordinario 2024 del Estado de México, como Diputadas Locales, Presidentas Municipales, Síndicas y Regidoras, puedan identificar, prevenir y denunciar este tipo de violencia, el Instituto Electoral del Estado de México ha puesto en marcha la Red de Mujeres Electas, así como la Red de Mujeres Juzgadoras Electas, esta última integrada por quienes resultaron electas en el Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025 de la entidad mexiquense.

 

Estas Redes tienen como objetivo principal dar seguimiento a posibles casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, brindar acompañamiento y promover espacios de capacitación continua en la materia.

 

Si formas parte de algún Ayuntamiento y aún no te has integrado a la Red de Mujeres Electas, te invitamos a sumarte. Conoce más sobre la violencia política digital, aprende a identificarla y accede a apoyo, asistencia y asesoría: https://forms.gle/BeBpG5UjstkeW7pDA

Por años, internet fue presentado como un territorio de libertad, un espacio horizontal donde cualquiera podía expresarse, informarse y participar. Sin embargo, con el paso del tiempo, la virtualidad también se ha convertido en un espejo, a veces amplificado, de las desigualdades y violencias que existen fuera de la pantalla. El sexismo, lejos de desaparecer con la tecnología, ha migrado y se ha adaptado a ella, poniendo en riesgo cotidiano a alrededor de 47.6 millones de mujeres usuarias en México de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2025).

 

Desde la década de los noventa, movimientos como el ciberfeminismo advirtieron que la tecnología no es neutral. Por el contrario, señalaron que su desarrollo, diseño y uso están atravesados por relaciones de poder profundamente masculinas. Tres décadas después, esta afirmación cobra vigencia al observar cómo las plataformas digitales reproducen dinámicas de control, acoso y violencia de género que afectan de manera desproporcionada a las mujeres (Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 2021).

 

La violencia digital no es una exageración: es real, medible y tiene consecuencias profundas. Según el INEGI (2025), en México el 22.2% de las mujeres usuarias de internet ha experimentado alguna forma de ciberacoso. Entre las conductas más frecuentes se encuentran el contacto mediante identidades falsas, los mensajes ofensivos y las insinuaciones o propuestas sexuales. El grupo con mayor vulnerabilidad es el de mujeres jóvenes de entre 20 y 29 años, quienes, paradójicamente, son las que más utilizan las plataformas digitales para estudiar, trabajar y participar en la vida pública.

 

El impacto de la violencia digital no se limita al ámbito personal, en los últimos años, este fenómeno ha encontrado un terreno fértil en la política, donde las mujeres que participan o aspiran a cargos de elección se enfrentan a campañas de desprestigio o ataques basados en estereotipos de género difundidos principalmente en redes sociales. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE, con fecha de corte al 26 de enero de 2026), de un total de 497 personas sancionadas, 71 ejercieron conductas que menoscaban los derechos político-electorales de las mujeres a través de la modalidad digital.

   

Por su parte en el Estado de México, de 23 personas sancionadas, 10 fueron inscritas por realizar o propagar mensajes basados en estereotipos de género en publicaciones de Facebook, teniendo como objetivo exponer, devaluar y denigrar la capacidad y habilidad de las mujeres para contender por cargos de elección popular (Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Electoral del Estado de México [IEEM], con fecha de corte al 26 de enero de 2026).

 

De acuerdo con el INE, se advierte que este tipo de agresiones crece de manera exponencial en cada proceso electoral. La razón parece clara: a mayor participación política de las mujeres, mayor resistencia y violencia ejercida contra ellas, ahora trasladada al entorno digital.

 

Frente a este panorama, la información y la acción institucional resulta fundamental. Como una medida de prevención la Unidad Coordinadora de Género (UCG) del IEEM ha puesto a disposición el folleto “Claves para actuar frente a la violencia política contra las mujeres en razón de género en las tecnologías de la información y comunicación”, un recurso que busca orientar, prevenir y fortalecer la respuesta ante estas agresiones. Consulta el material completo en el siguiente enlace: https://www.ieem.org.mx/ucg/assets/docs/violencia_politica/Folleto-Seguras-en-linea-200126.pdf

 

En un contexto donde la violencia se viraliza en segundos, conocer los derechos y los mecanismos de protección puede ser decisivo para estar #SegurasEnLínea.

En los próximos días conmemoraremos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta fecha no solo marca el inicio de los 16 días de activismo contra la violencia de género, campaña internacional que se celebra del 25 de noviembre al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. También invita a la reflexión sobre nuestro contexto actual, los retos y desafíos que tenemos pendientes frente a la violencia, así como el papel que tenemos desde la acción ¿Qué estamos haciendo para la construcción del mundo que queremos dejar a las futuras generaciones?

 

La violencia de género sigue siendo una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas al ritmo actual, lograr la igualdad de género tomará 300 años. De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 en México, 70.1 % de las mujeres de 15 años y más ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de su vida. Asimismo, la misma encuesta arrojó que el 41.8% de las mujeres de 15 años y más experimentó algún incidente de violencia en la infancia.

 

El trabajo de activistas, colectivos feministas, de la academia, asociaciones de la sociedad civil y organizaciones siguen sumando esfuerzos para hacer frente a esta problemática social: la violencia contra las mujeres y niñas. En suma, este año los 16 días de activismo contra la violencia de género, a través del tema: “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas”, se centra en una de las formas de abuso que está en aumento: hablamos de la violencia digital contra las mujeres y niñas.

 

Si bien las “TIC´s” han facilitado la comunicación e intercambio de información, últimamente las tecnologías y herramientas digitales se han utilizado cada vez más para acechar y acosar a mujeres y niñas, en su mayoría. Transformadas en acciones que se manifiestan en: ciberacoso, troleo, amenazas en línea, discursos de odio, publicación de información privada, captación y explotación sexual en línea, por mencionar algunas.

 

El hacer frente a estas acciones se ven obstaculizadas por el anonimato de quienes cometen las agresiones, la falta de regulación del sector tecnológico, así como del reconocimiento jurídico de la violencia digital en los países y normalización de la violencia en estos espacios, por enunciar.

 

Sin embargo, acciones como esta siguen haciendo un llamado a la acción tanto a nivel tecnológico, social, político, jurídico y cultural porque la seguridad digital es fundamental para la igualdad de género. El reto sigue presente. La violencia contra las mujeres es evitable. Puede y debe detenerse. La tarea es compartida, el compromiso es de todas las personas, no solo ocasional, es decir de una fecha, sino desde un actuar diario entre la coherencia personal y profesional.

 

¿Y tú, qué haces por la construcción de la igualdad?

 

Cada 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, una fecha que invita a reflexionar sobre la importante labor que desempeñan estas mujeres en la defensa y preservación de la identidad cultural, social, económica y política de los pueblos originarios.

 

En México, las mujeres indígenas han enfrentado históricamente una participación política limitada, marcada por múltiples barreras estructurales como el machismo, la discriminación racial y la exclusión en la vida política, provocando una doble marginación: por ser mujeres y por pertenecer a pueblos originarios. Esta doble discriminación las coloca en una situación de alta vulnerabilidad social y política.

 

El caso del Estado de México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen 417,603 personas hablantes de lengua indígena, de las cuales 220,131 son mujeres, lo que representa el 52.71% del total. Estas mujeres pertenecen principalmente a los pueblos originarios mazahua, otomí, nahua, tlahuica y matlatzinca.

 

En las últimas décadas, las autoridades gubernamentales han impulsado esfuerzos para fomentar la inclusión política de las mujeres indígenas. Entre las principales medidas destacan las cuotas de género, que obligan a los partidos políticos a incluir un porcentaje mínimo de mujeres en sus candidaturas, así como las acciones afirmativas, diseñadas para reducir desigualdades y garantizar e incentivar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de grupos históricamente discriminados.

 

En este contexto, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó para el Proceso Electoral Ordinario de 2024 los “Criterios para la implementación de acciones afirmativas en la postulación de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para la Elección de Diputaciones y Ayuntamientos 2024”, que establece porcentajes obligatorios de postulación para personas de cuatro grupos en situación de discriminación, incluyendo a las comunidades y pueblos indígenas.

 

Si bien estas medidas han contribuido al aumento de la participación de mujeres en la política, la representación de las mujeres indígenas sigue siendo baja, especialmente en cargos de alto nivel o de toma de decisiones.

 

Aún enfrentamos importantes desafíos. No basta con abrir espacios; es necesario garantizar que las mujeres indígenas puedan ejercer sus cargos con autonomía y seguridad. Para lograrlo, se requiere el fortalecimiento de políticas públicas, así como la creación de redes de apoyo entre mujeres indígenas a nivel local y nacional. Estas redes pueden ser claves para compartir experiencias, estrategias y recursos que faciliten su acceso real al poder político.

 

La lucha por la participación política de las mujeres indígenas no debe limitarse a una fecha conmemorativa, es una causa permanente que exige compromiso y una visión de justicia y equidad.

Página 1 de 2

Conéctate