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En el ámbito jurídico, existe la obligación legal a cargo de los Organismos Públicos Electorales, como lo es el Instituto Electoral del Estado de México, de la destrucción de la documentación electoral en los OPL que debe realizarse conforme a los Lineamientos que para tal efecto apruebe el Consejo General. De este modo, en el IEEM contamos con los Lineamientos para la destrucción y permuta de la documentación electoral utilizada en procesos electorales locales, papel en desuso que se genere de forma ordinaria por el Instituto, cartón y material desincorporado; así como la conservación y almacenamiento de materiales electorales recuperados. En dicho documento se establece la obligación de destruir y permutar la documentación utilizada en proceso electorales y el papel en desuso que genera deforma ordinaria nuestra institución

También se establece en dichos lineamientos que las actividades de destrucción y permuta de documentación, papel, material desincorporado y cartón en desuso, se llevarán a cabo a través de una empresa que desarrolle las actividades de recolección, traslado, destrucción y permuta, que utilice procedimientos ecológicos en los procesos de reciclaje de papel, cartón y/o material electoral, en beneficio del medio ambiente, observando la seguridad y confidencialidad de la documentación y material electoral, y que retribuya algún beneficio en especie al Instituto

Así, una vez concluido el Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025 del Estado de México, el Consejo General aprobó un acuerdo para la destrucción y permuta de la documentación electoral correspondiente, así como del papel en desuso y del material electoral desincorporado. Luego, la entrega y traslado de dicho papel generado durante el primer trimestre del año, se realizó el 20 de abril de este año.

Esta actividad se llevó a cabo mediante un esquema de permuta con la empresa especializada DPS Gestión Documental, S. de R.L. de C.V. que fue seleccionada tras un proceso de evaluación comparativa entre dos propuestas presentadas al Instituto. Dicha empresa ofreció las condiciones más favorables, al maximizar el aprovechamiento de los recursos mediante la entrega de 30 paquetes de papel bond de 500 hojas por tonelada de material reciclado, además de asumir la totalidad de los costos operativos asociados al proceso.

Así, se llevaron a cabo dos cargas de documentación, papel, material desincorporado y cartón en desuso en la bodega de materiales del IEEM. La primera inició a las nueve de la mañana y culminó con la destrucción correspondiente, al mediodía. La segunda inició inmediatamente de la destrucción de la primera y culminó a las quince horas con cincuenta minutos del mismo día. En total el IEEM entregó 7,751.8 kg. de papel en desuso para su reciclaje

Este procedimiento desarrollado por el IEEM permite reciclar los documentos y materiales, evitando la generación de contaminantes; al mismo tiempo que se reciben hojas de papel bond para el trabajo cotidiano, lo que se traduce en un ahorro en este rubro. En le IEEM estamos convencidos de que una política de reciclable sustentable repercute en el beneficio de nuestro medio ambiente.

El Programa de Cultura Cívica (PCC) del IEEM, se ha consolidado como un instrumento estratégico que convierte los principios democráticos en experiencias formativas para la población mexiquense. Este programa se aprueba y ejecuta cada año para fomentar la construcción de una ciudadanía informada, participativa y corresponsable.

A 30 años de existencia del IEEM, más de 11.2 millones de personas han sido atendidas mediante acciones permanentes en cultura cívica. Este alcance refleja no sólo cobertura, sino continuidad institucional y compromiso con la democracia.

El avance del PCC 2026 confirma esta tendencia. De enero a marzo se han realizado 160 sesiones en 27 municipios, con 9,948 personas participantes en pláticas, jornadas cívicas, visitas guiadas y stands informativos. Destaca la incorporación de contenidos como educación cívica en el entorno digital y perspectiva de género, lo que muestra una adaptación a los retos actuales.

Un elemento central es el impacto en niñas, niños y adolescentes (NNA), a través de la Red Digital de Educación Cívica y Participación Ciudadana, estrategia de monitoreo permanente de indicadores sobre la cultura cívica en educación básica y media superior. Las escuelas que forman parte de la Red aplican mensualmente una encuesta que mide habilidades y competencias en seis ejes: ejercicio responsable de la libertad, conocimiento y cuidado de sí, sentido de pertenencia y valoración de la diversidad, convivencia pacífica y solución de conflictos, sentido de justicia y apego a la legalidad, así como democracia y participación ciudadana. Con corte al 23 de marzo, esta estrategia alcanzó a 101,268 NNA en 123 municipios.

En el ámbito de los entornos escolares, destacan acciones como sesiones informativas dirigidas a adolescencias próximas a cumplir la mayoría de edad, en las que se difunden sus derechos político-electorales; la celebración de elecciones escolares para la integración de figuras de representación estudiantil; así como actividades sobre la educación cívica en el mundo digital para NNA.

Este año destaca, además, la instrumentación de un programa piloto denominado “Ciclo de formación ciudadana para jóvenes mexiquenses”, que contempla la realización de ocho conferencias, de mayo a julio, dirigidas a personas jóvenes de entre 18 y 29 años, estudiantes de nivel superior de instituciones públicas y privadas. Esta iniciativa busca brindar conocimientos y herramientas que fortalezcan habilidades para su formación como agentes de cambio y acción social.

El carácter permanente del PCC resulta fundamental, ya que su impacto no se limita a acciones aisladas, sino que incide de manera continua en la formación de una ciudadanía más consciente y participativa. Esta constancia permite que las y los mexiquenses no sólo adquieran conocimientos, sino que los incorporen en su vida cotidiana, fortaleciendo así una cultura democrática sólida. Esto cobra especial relevancia de cara a los próximos procesos electorales —Diputaciones Locales y Ayuntamientos, así como la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial Local—, pues contribuye a que la ciudadanía conozca y ejerza plenamente sus derechos y obligaciones político-electorales, participando de manera informada y responsable en la vida pública del Estado.

El pasado 23 de marzo, en un ejercicio conjunto entre el IEEM y la UAEMéx, la Dra. Graciela Márquez Colín, Presidenta del Consejo de Gobierno del INEGI; nos recordó que la estadística no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para transformar la realidad. En su Conferencia Magistral "Estadísticas de Género" se presentaron datos que ponen en evidencia desigualdades y brechas que aún afectan el desarrollo y el acceso a los derechos de las mujeres.

Cinco de cada diez mujeres que trabajan, lo hacen en la informalidad y, aun realizando las mismas actividades, perciben en promedio 87 pesos por cada 100 que ganan los hombres. Cerca del 75% de los hombres participa en el mercado laboral y solamente el 45% de las mujeres lo hace. México se mantiene entre los países con menor participación laboral femenina en América Latina. ¿Dónde están las demás? También trabajan, pero en actividades no remuneradas.

Las cifras son contundentes: las mujeres dedican en promedio 39.7 horas semanales al trabajo no remunerado, frente a 18.2 de los hombres; en el Estado de México, 37.7 frente a 16.8. Este desequilibrio no solo evidencia una distribución desigual del tiempo, sino que limita su autonomía económica y su participación pública.

La desigualdad se profundiza con la maternidad. Los ingresos de las mujeres crecen hasta los 39 años y después disminuyen, particularmente a partir del primer hijo. En contraste, los hombres ven incrementos en sus ingresos con la paternidad. Incluso con el mismo nivel educativo, las mujeres ganan sistemáticamente menos, confirmando que el acceso a la educación no ha sido suficiente para cerrar la brecha.

A ello se suma una realidad estructural: en el 77.8% de los hogares hay personas que requieren cuidados para infancias, personas mayores o con discapacidad, y de cada 100 personas cuidadoras, 75 son mujeres; trabajo, indispensable para la sostenibilidad de la vida, que sigue siendo invisibilizado y no remunerado.

En los espacios públicos, los avances son innegables, pero aún insuficientes. A partir del siglo XX, transcurrieron 53 años para que se reconociera la ciudadanía a las mujeres (incluido el derecho a votar y ser votadas); 121 años para alcanzar la paridad en la Cámara de Diputados y 124 años para que México tenga su primera presidenta. En el ámbito municipal, el número de mujeres en presidencias municipales pasó de 120 en 2010 a 605 en 2024, frente a 1,821 hombres. En el Estado de México, en 2024 se registran 54 presidentas municipales frente a 73 hombres; y, si bien el Congreso local ha alcanzado la paridad —38 mujeres y 37 hombres—, la distribución del poder aún refleja profundas desigualdades.

La evidencia es clara: las mujeres son mayoría en la población, sostienen gran parte del trabajo no remunerado y, sin embargo, enfrentan menores ingresos, menor acceso a oportunidades y difícil acceso a los espacios de decisión.

Por ello, como autoridades electorales, nuestra responsabilidad no se limita a garantizar elecciones libres, sino a promover condiciones de igualdad sustantiva. Toda acción pública necesita información, pero la información no sirve si no se utiliza con sensibilidad. La estadística de género nos muestra dónde estamos; la decisión institucional debe definir hacia dónde vamos.

El pasado cinco de marzo, en el IEEM, el Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT) presentó el estudio:  Selección Judicial en México: Lecciones aprendidas del proceso de selección de cargos en cortes de última instancia (2024–2025). El IFIT es una organización internacional que promueve el fortalecimiento institucional y democrático y que participó como observador electoral en el proceso judicial a nivel nacional y en el Estado de México.

Como parte de su labor de observación electoral, elaboró este estudio para analizar la selección de candidaturas y aportar recomendaciones para mejorar futuros ejercicios.

En dicho estudio se muestra, con datos concretos, los aciertos y contratiempos que sucedieron en la elección federal 2024-2025 de integrantes del Poder Judicial de última instancia (Suprema Corte, Tribunal de Disciplina Judicial y Sala Superior del Tribunal Electoral); además, se brindan recomendaciones muy precisas sobre lo que se puede mejorar en un siguiente ejercicio, particularmente, dentro de las etapas de convocatoria, registro y selección de candidaturas por los comités de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Entre los hallazgos que se obtuvieron, se destaca el relativo a que existió una convocatoria general; sin embargo, cada comité de evaluación estableció reglas, metodologías y mecanismos de evaluación propios. En la práctica, esto derivó en tres procesos paralelos para cargos equivalentes, con diferencias en requisitos documentales, plataformas de registro y criterios de evaluación, lo que generó condiciones procedimentales heterogéneas y dificultades para comparar perfiles entre aspirantes.

El estudio muestra que, incluso en la etapa de elegibilidad, surgieron retos importantes. Los comités enfrentaron altos volúmenes de postulaciones y plazos muy acotados, revisando miles de expedientes en pocos días. Esta presión operativa evidenció la necesidad de contar con capacidades técnicas, tecnológicas y metodológicas más robustas para garantizar revisiones consistentes y transparentes.

Las diferencias se profundizaron en la evaluación de idoneidad. Mientras algunos comités privilegiaron entrevistas y valoraciones cualitativas, otros establecieron ponderaciones entre méritos académicos, experiencia profesional y reputación pública. Incluso se contemplaban evaluaciones técnicas más rigurosas; sin embargo, en el caso del comité del Poder Judicial, el proceso se vio interrumpido por una serie de impugnaciones y suspensiones judiciales que finalmente derivaron en la renuncia de sus integrantes, lo que obligó a que el Senado concluyera esa etapa mediante insaculación.

A partir de estos hallazgos, el estudio plantea recomendaciones concretas para fortalecer futuros procesos de selección judicial: estandarizar plazos y plataformas de registro, homologar criterios de evaluación, definir metodologías claras y fortalecer el diseño institucional del proceso. Todo ello con el objetivo de asegurar principios fundamentales como la transparencia, la equidad, la independencia judicial, la idoneidad de los perfiles, la diversidad y el diseño institucional.

Si bien es cierto, en el caso particular del Estado de México, la buena coordinación entre los tres poderes del Estado con el IEEM facilitó el adecuado desarrollo de cada una de las etapas de ese proceso electoral; también lo es que de cara a la siguiente renovación judicial prevista para 2027, este tipo de análisis resulta especialmente valioso. Más allá de las complejidades del primer ejercicio, la experiencia acumulada permite identificar áreas de mejora para fortalecer las condiciones para procesos más previsibles, comparables y legítimos.

Finalmente, conviene subrayar la importancia de los ejercicios de observación electoral y de investigación especializada. Sus diagnósticos y recomendaciones no sólo contribuyen a mejorar las instituciones, sino que también permiten que la ciudadanía conozca y comprenda cómo se desarrollan estos procesos, fortaleciendo así la confianza pública en los mecanismos democráticos.

Desde el Instituto Electoral del Estado de México invitamos a la ciudadanía a acercarse y conocer este estudio, pues comprender cómo se construyen nuestras instituciones y cómo pueden mejorar, es una tarea colectiva. Informarnos, reflexionar y participar fortalece nuestra democracia.

En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, es indispensable reafirmar que la democracia sólo puede consolidarse cuando las mujeres ejercen plenamente sus derechos político-electorales, libres de toda violencia. En ese sentido, la paridad y la prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPG) constituyen ejes fundamentales de la función del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

La VPG se define como cualquier acción u omisión —incluida la tolerancia— basada en elementos de género, que limite, anule o menoscabe el ejercicio de los derechos político-electorales o el desempeño de un cargo público o de toma de decisiones de una o varias mujeres. Reconocer esta definición es el primer paso para su identificación oportuna.

Entre las conductas que pueden constituir VPG se encuentran, por ejemplo: discriminar a las mujeres por embarazo, parto, puerperio o lactancia, restringiendo su reincorporación tras una licencia; ocultar, manipular o proporcionar información falsa a mujeres electas para obstaculizar el adecuado ejercicio de sus funciones; así como restringir el uso de la palabra en sesiones u órganos deliberantes, vulnerando su derecho de participación y de petición.

Para su atención y sanción existen múltiples vías institucionales. En materia electoral, el IEEM tramita el Procedimiento Especial Sancionador (PES); el Tribunal Electoral del Estado de México tramita y resuelve el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía local (JDCL) y resuelve el PES. En el ámbito penal, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales investiga los hechos y los persigue como delitos. Asimismo, los Órganos Internos de Control pueden investigar e iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa.

Un aspecto clave es la acreditación del elemento de género, que consta de tres condiciones: 1) la conducta se dirige a una mujer por el solo hecho de serlo; 2) afecta de manera desproporcionada a mujeres frente a hombres; y/o 3) produce daños diferenciados o consecuencias más graves para ellas. Estos elementos son analizados por las autoridades jurisdiccionales caso por caso.

Los escenarios más frecuentes de VPG se presentan a nivel municipal, mediante violencia verbal, patrimonial, económica, simbólica, digital o mediática, ejercida por autoridades municipales, medios de comunicación y, cada vez más, en redes sociales.

El IEEM pone a disposición de las mujeres el Centro de Atención por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, un espacio institucional diseñado para brindar apoyo, asistencia y asesoría especializada a quienes, en el ejercicio de sus derechos político-electorales, enfrentan alguna manifestación de este tipo de violencia. El acompañamiento está disponible a través del teléfono 722 275 7301 y WhatsApp 722 510 5174.